La guerra, hasta ahora fría, finalmente estalló en el fútbol español. La huelga que amenaza con paralizar el desenlace de la Liga enfrenta a todos los estamentos, desde el gobierno hasta los jugadores, y las consecuencias son imprevisibles si nadie cede.
La Liga de Fútbol Profesional, que agrupa a los 42 clubes de primera y segunda división, impugnó judicialmente el jueves el paro convocado por la Federación española y el sindicato de jugadores en protesta por la nueva venta unificada de los derechos de televisión.
El organismo dijo en un comunicado que la ley atribuye a la Liga y no la federación «la potestad para organizar las competiciones profesionales y aprobar el calendario deportivo» de las mismas.
«Si tiene que haber huelga, que la haya», dijo el presidente de la Liga, Javier Tebas. «Pero no vamos a someternos al chantaje de la Federación».
Los clubes anunciaron una asamblea extraordinaria el próximo lunes para consensuar una respuesta. La huelga comienza el 16 de mayo y pone en jaque las dos últimas fechas del campeonato, que se disputan Madrid y Barcelona, y la final de la Copa del Rey entre Barsa y Athletic de Bilbao el 30 de mayo.
La guerra se produce además cuando Madrid y Barcelona tienen opciones de disputar una histórica final española de Liga de Campeones el 6 de junio en Berlín. Tebas admitió que el daño económico sería «cuantioso».
El motivo oficial de la huelga es la nueva ley que permite la venta conjunta de los derechos de televisión del fútbol español. Pero esconde un largo pulso entre el presidente de la federación Angel María Villar, de un lado, y el Consejo Superior de Deportes del gobierno y la Liga, de otro.
El sindicato de futbolistas critica que el dinero de la venta se destine en un 90% a los clubes de primera y solo un 10% a los de segunda. Según los jugadores, el reparto es 80-20 en otros modelos similares de venta centralizada.
Hasta ahora, los clubes españoles negociaban la venta de sus derechos audiovisuales individualmente, lo que había abierto una brecha enorme entre lo que ganaban Madrid y Barcelona, y el resto.
La Federación, por su parte, se queja de haber sido excluida del acuerdo, y que se ha ninguneado al fútbol aficionado. Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, lo niega y pidió el jueves a Villar que reconsidere su postura.
